La repercusión en Andalucía de la política comercial del Estado.

04/09/2013

Ideal de Granada.- El comercio no se ha librado de reformas normativas sectoriales que ha ido imponiendo el Ejecutivo y que no han servido para paliar la situación de esta actividad, sino más bien para profundizar en sus problemas.

El comercio se ha consolidado en los últimos años como una pieza clave para el desarrollo de Andalucía, ya que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, aglutina a 148.461 establecimientos pymes en su gran mayoría y ocupa a cerca de 500.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino. En estos momentos, vive tiempos difíciles debido a que, al igual que otras actividades productivas, se trata de un sector muy dependiente de la evolución económica general y del desarrollo de la demanda. Un mercado deprimido, con excesivas tasas de paro y perspectivas negativas, es el peor escenario para una actividad tan relacionada con el consumo interno y la renta disponible. En este contexto, resulta evidente que las politices de recorte del Gobierno central acentúan una brecha social que corre el riesgo de convenirse en insalvable, de modo que hoy podemos afirmar que los hogares españoles están económicamente peor que hace un año y medio. Pero además, el comercio no se ha librado de reformas normativas sectoriales que ha ido imponiendo el Ejecutivo nacional y que no han servido para paliar la situación de esta actividad, sino más bien para profundizar en sus problemas. Basta recordar las medidas liberalizadoras, implantadas mediante un Real Decreto hace ahora un año, en cuanto a horarios de apertura de los establecimientos comerciales o las desregularizaciones de las rebajas, que, lejos de incrementar e] consumo, lo que hacen es trasladar las compras del comercio de proximidad a los grandes superficies comerciales y, en el caso concreto de Andalucía, han supuesto un claro atentado contra el modelo de consenso que garantizaba la convivencia de los distintos forma-tos existentes. Igualmente, con la eliminación de los períodos de rebajas y la menor exigencia de condiciones en relación a los productos ofertados, se ha producido una auténtica desregulación que genera incertidumbre tanto en el sector como en los consumidores, A estos efectos devastadores, se añade el hecho de que el citado Real Decreto vulnera competencias exclusivas en materia de comercio recogidas en el Estatuto de Autonomía, de modo que la junta ha presentado un recurso de in-constitucionalidad que ya ha sido admitido a trámite.

No obstante, la liberalización de horarios y ventas promocionales no es sino una medida más dentro de une política que persigue el mismo doble objetivo. Por una parte, adulterar el actual sistema de distribución competencial y centralizar el poder decisorio en el Gobierno, dejando a las autonomías un mero papel ejecutorio. Y, por otra, favorecer unos intereses concretos como son los de las grandes empresas, en detrimento del pequeño y mediano comercio, urbano y de proximidad, el cual representa a la mayoría del sector.

En esa línea se mueve, por ejemplo, la futura de Ley de unidad de mercado, que implicará la modificación o supresión de muchas normas autonómicas sobre competencias exclusivas reconocidas por sus estatutos; o la nueva regulación de las Cámaras de Comercio, que sólo parece favorecer a las grandes empresas y que condena a la desaparición a las instituciones camerales más pequeñas, que juegan un papel clave perol apoyo que prestan a las pymes. También se integra en esta política el régimen sancionador que se está elaborando para todos aquellos que deseen realizar actividades comerciales, que vuelve a suponer una clara vulneración competencial, legislando sobre materias contempladas en el estatuto de autonomía extra-limitándose de lo recogido en la propia Constitución española.

Mención aparte merece el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista del Estado para el año 2013, que incluye varias líneas de actuación orientadas isla  innovación, el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales, o el apoyo financiero a las empresas. En otro ejemplo del marcado carácter centralista de su política pata esta actividad, el Gobierno central, al igual que en el resto de actuaciones en materia de comercio, no ha contado con las comunidades autónomas para el diseño de este programa, prescindiendo de sus criterios y necesidades en función de las peculiaridades de cada territorio.

Para contrarrestar estas decisiones del gobierno central que incrementan la desigualdad entre los grandes formatos comerciales y los pequeños y medianos establecimientos, en gran perjuicio para estos últimos, se está desarrollando por parte del Gobierno andaluz una amplia batería de medidas, entre las que sobresalen, además del recurso a los tribunales en el caso de que sea necesario, las nuevas subvenciones para impulsar la competitividad de las pymes del sector, la profesionalización y la creación de empleo, la puesta en marcha de una línea de créditos reembolsables datado con 50 millones de euros, las campañas de defensa de los establecimientos deis comunidad, el impulso a nuevos formatos como los Centros Comerciales Abiertos, así como mejoras en la regulación del comercio ambulante y de las ferias de oportunidades.

Con estas políticas, desde la Junta seguiremos defendiendo un modelo que siempre ha contado con el consenso de los diferentes agentes económicos y sociales: un comercio urbano socialmente rentable y sostenible, que forma parte de la cultura mediterránea, que garantiza el equilibrio entre los diferentes formatos y que hace posible la compatibilización de la vida social, laboral y personal.